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Nul·litat de les sentències feixistes ja.

Alternativa | 16 Desembre, 2006 11:46 | facebook.com twitter.com

Ahir nostre company de barricada Pep Vílchez al Diario de Mallorca va escriure un article defensant l'anul·lació de les farses judicials del Franquismo i va utilitzar l’exemple de la causa 900 que va suposar l’assassinat del tinent de navili Carlos Soto Romero enviat a la illa el 21 de juliol de 1936 per comminar als rebels a la seva rendició . El seu desembarcament en el Port de Pollença va servir als rebels per negar el seu caràcter d’emissari i acusa-lo, entre altres coses d’espia. Fou executat el 5 de novembre de 1936.

També molt interessant la opinió de Joan Queralt  del catedràtic de dret de la Universitat de Barcelona a un article del país Seguridad jurídica o nulidad de las sentencias” en el dona arguments jurídics per  acabar demanant la  nul·litat radical de la sagnant pantomima judicial franquista, civil, militar i governativa.

De l'excel·lent pàgina Memoria Republicana hem obtingut aquesta Portada de "La Causa general. La dominación roja en España" del Ministerio de Justicia Franquista.
La pedra filosofal del terror "rojo"
per al franquisme. Algunes veritats i moltíssimes mentides, errors i ferotgia. Un llibre que fa propaganda del pitjor estil amb els seus morts.  

 

A continuació els articles.

 

LA CAUSA 900 Y LAS 200 ´PISTOLAS DE ANTONI MARÍA QUES.

Pep Vílchez.

El 5 de noviembre de 1936 moría fusilado en Palma el teniente de navío Carlos Soto Romero. Emisario enviado a Mallorca por orden del general Aranguren, desembarcó en el puerto de Pollença, procedente de Barcelona, el 21 julio de ese año dirigiéndose hacia Palma con el objetivo de cumplir la misión encomendada por el mando leal a la legalidad republicana: solicitar la rendición de los golpistas sublevados.

Carlos Soto logró entrevistarse con el mando militar de la isla el cual, tras la partida del general Goded hacia Barcelona donde vio frustrados sus intentos golpistas y la detención en Maó del general Bosch, recayó en el coronel Aurelio Díaz de Freijoo. Una vez realizada su misión, Soto salió del despacho del comandante accidental del mando militar de Balears con la intención de dirigirse hacia la nave que le había trasladado desde su lugar de origen al puerto de Pollença y regresar para dar cuenta a sus superiores de la gestión realizada. En la puerta se hallaba, en situación de espera, parte del grupo insurrecto que finalmente se hizo con el mando en la isla -encabezado por el teniente coronel de ingenieros Luís García Ruiz. El grupo, entre los que se encontraba el jefe de Falange, Alfonso Zayas, conminó al teniente de navío a detenerse y procedió a su retención.

Carlos Soto fue juzgado a través de la causa 900 instruida por el juez militar, el comandante de infantería Miguel Garau Sureda, acusado de traición -delito que sólo habían cometido los acusadores- fue condenado y fusilado, es decir, asesinado. La muerte del emisario no fue más que una de tantas fechorías que manifiesta el escaso talante moral de los acusadores y ejecutores de las pantomimas judiciales en aquel entonces instruidas.

Como éste, todos y cada uno de los juicios militares y civiles celebrados en la época en la isla fueron realizados desde la ilegalidad y con total ausencia de garantías procesales.

El caso más emblemático y conocido es el juicio militar que afectó a los alcaldes republicanos de Palma e Inca, Emili Darder y Antoni Mateu, al diputado socialista Alexandre Jaume y al potentado de derecha republicana Antoni Maria Ques -acusado de poseer 200 pistolas que nunca fueron halladas y de organizar un golpe, existente sólo en la fantasía de los verdugos, llamado "Plan Lenin" cuyo objetivo, según los acusadores, no era otro que instaurar una "dictadura moscovita" en la isla. Incluso, el abogado defensor de Ques, el capitán de artillería Sebastián Feliu, se dirigió al tenebroso tribunal para preguntarle si, al condenar a muerte a su defendido, no les temblaría el pulso. El 24 de febrero de 1937 todos ellos fueron públicamente fusilados en el cementerio de Palma.

JOAN QUERALT. Catedrático de Derecho de la Universidad de Barcelona

"La contumacia de nuestros tribunales penales en no revisar las sentencias del franquismo propicia una justificada desconfianza en la ciudadanía sobre su capacidad de estar a la altura de los tiempos. Negar la autorización a la revisión de juicios-farsa es incrementar el daño que los crueles e inhumanos actos de poder despótico del franquismo, bajo la apariencia de resoluciones judiciales, infligieron a los españoles de la época.

Para empezar, se acude al mecanismo de la revisión de las sentencias, que es un instrumento insuficiente y obsoleto, como la doctrina y la jurisprudencia vienen afirmando desde tiempo inmemorial.

Para negar la revisión dentro de este preconstitucional y peculiar incidente procesal, los autos de inadmisión arguyen fundamentalmente tres órdenes de cuestiones. Por un lado, la irretroactividad de la Constitución supone, se dice, que no se permite juzgar hechos del pasado conforme a los parámetros actuales. Eso es falso: múltiples fallos ordinarios y constitucionales han tenido fuerza materialmente retroactiva ante situaciones preconstitucionales por ser contrarias a los derechos fundamentales y a la dignidad de las personas.

En segundo lugar, se alude a la seguridad jurídica; así, que lo que está hecho, hecho está y no hay más que decir. Eso también es falso: la seguridad jurídica, con ser importante, es menos relevante de lo que se propaga y sólo es relevante en la medida que integra la justicia -a la que para nada se alude en estas resoluciones-, siendo la justicia uno de los valores superiores sobre los que se funda el Estado social y democrático de derecho que la Constitución afirma que es España. Finalmente, el hecho nuevo que requiere la doctrina legal para proceder a la revisión no ha de ser necesariamente una prueba, sino un hecho jurídico. ¿Qué más hecho jurídico nuevo que la Constitución de 1978?

En fin, criticar ahora la represión franquista resulta impune; si alguien la criticaba durante la dictadura -y quien lo hizo así le fue- era reo de delito. Este cambio es significativo, pues si los actos de brutalidad pintarrajeados de juridicidad fueran irrevisables, lo cual equivale a jurídicamente justos, su crítica merecería igual represión ahora que entonces.

En suma, no reconocer judicialmente, de una vez por todas, la nulidad radical de la sangrienta pantomima judicial franquista, civil, militar y gubernativa, supone dar la espalda a lo que la ciudadanía ha sabido desde siempre

 

Comentaris

Pepe

PP

Pepe | 16/12/2006, 15:37

Amb aquest tema el PP ha quedat retratat, molt de xerrar de que els són hereus de la transició, però a la hora de la veritat no volen perdre els vots d'extrema dreta que tenen.

Joan Ramon

Curar ferides

Joan Ramon | 16/12/2006, 12:09

La dicadura d'en Franco era il·legal, partint d'aquesta il·legalitat, totes les seves sentències també ho són de il·legals.
Per altra banda, també queda clar que si és té por de obrir ferides des de algusn sectors, això reconeix que aquestes ferides no estan tancades.
Seria bo doncs, per la salut democràtica que aquestes ferides fossin tancades.
Salut i Branca

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